Dentro de esta intervención, se prioriza el trabajo con la población desplazada dada la situación de vulnerabilidad, y a la vez se fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud, generando resiliencia, y respondiendo a las necesidades de la población en general. No solo porque lo contrarío conllevaría desigualdades y malas prácticas en el sistema de distribución de ayudas (muchas personas intentan “registrarse” como desplazados), sino porque se debe evitar que la red de servicios de salud existente, históricamente debilitada, colapse.
Por todo ello, se busca mejorar la atención sanitaria de la población desplazada a causa del conflicto armado en los distritos de Montepuez y Ancuabe, priorizando los grupos más vulnerables, como mujeres víctimas de violencia de género y niñas/os.